San Diego, CA – Una jueza federal en California ha dictado un fallo que tiene el potencial de transformar la vida de miles de inmigrantes detenidos en los Estados Unidos. Esta resolución obliga al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) a abolir una política establecida en 2025, la cual prohibía las audiencias de fianza para aquellos individuos arrestados en el país, incluyendo a personas sin antecedentes penales.
La decisión ha suscitado esperanza entre abogados, familias y organizaciones que defienden los derechos de los inmigrantes, quienes consideran este fallo como una restauración de un derecho fundamental al debido proceso.
Hugo Iván Salazar, un abogado especializado en inmigración, destacó que el fallo representa un cambio significativo:
“Esta demanda colectiva supone un golpe directo a la administración de Trump y a las políticas que han negado las fianzas a la comunidad migrante detenida en los centros de detención.”
La jueza federal Sunshine Sykes dictaminó que la política del DHS violaba el debido proceso al negar automáticamente las audiencias de fianza a inmigrantes arrestados en el territorio estadounidense. Muchos de estos arrestados son residentes de larga data y carecen de antecedentes criminales.
Según datos de Tracereports.org, de los 65,135 inmigrantes arrestados por ICE, 47,964 —un 73%— no tienen antecedentes penales, según información actualizada al 16 de noviembre de 2025. En numerosos casos, los registros se limitan a infracciones menores, como violaciones de tráfico.
El abogado Salazar enfatizó que esta decisión permitirá a miles de inmigrantes enfrentar sus procesos legales fuera de los centros de detención:
“Esta nueva política cambia radicalmente la situación, ya que ofrece a estas personas la posibilidad de luchar por su caso desde sus hogares, estar con sus familias, trabajar y mantener a sus seres queridos, en lugar de permanecer encerrados en un centro de detención.”
La política que ahora se anula, instaurada en 2025, clasificaba a muchos inmigrantes arrestados en el país como “solicitantes de admisión”, permitiendo al gobierno argumentar que podían ser detenidos indefinidamente y sin el derecho a solicitar fianza.
Con la orden judicial emitida, estos individuos ahora tendrán la posibilidad de acceder a una audiencia ante un juez de inmigración, quien determinará si representan un riesgo para la comunidad o si podrían evadirse.
Salazar aclaró que este fallo no aplica a quienes se presentaron en la frontera:
“Esta decisión solo afecta a las personas que han ingresado al país de manera indocumentada y que fueron detenidas dentro del territorio. No se aplica a quienes han cruzado la frontera. Estas personas deben seguir el proceso de ‘parole’, lo cual generalmente no se realiza.”
La resolución tiene alcance nacional y beneficiará a todos los inmigrantes detenidos bajo esta política, salvo aquellos con antecedentes criminales específicos o que estén sujetos a procedimientos de deportación acelerada.
Por el momento, la orden ya se encuentra en vigor, y se espera que los jueces de inmigración reanuden las audiencias de fianza para quienes las soliciten. El Departamento de Seguridad Nacional aún no ha confirmado si apelará la decisión.
Fuente original: Noticias San Diego
Por Heder Casas
1 Dec, 2025
Fuente original: Noticias Orlando
Por Bertha Gonzalez
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